En el periodo ordinario de sesiones del Consejo de DD.HH, de la ONU, Michel Bachelet dijo que desea que los responsables de violaciones de los Derechos Humanos en el país rindan cuentas
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, piensa que la situación de Venezuela sigue siendo preocupante, a pesar de que su oficina ha detectado algunos cambios que podrían ser favorables.
Asimismo, Bachelet aseguró que su oficina colaborará con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Venezuela.
“También observo que el fiscal de la CPI anunció un acuerdo para establecer una oficina en Caracas. Estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos para promover la rendición de cuentas por violaciones de DD.HH.”, enfatizó.
La alta funcionaria destacó que siguen estando presentes las violaciones a los DD.HH, restricciones a la libertad de expresión y acoso a los medios, así como las limitaciones a los espacios de expresión de la sociedad venezolana.
Durante el 50º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet reportó el bloqueo de 24 sitios web de medios de comunicación independientes y seis suspensiones de estaciones de radio, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel.
Alertó sobre “la violación del derecho a la libertad y de expresión y de opinión que afecta a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela”.
Habló del bloque en general de 41 sitios de Internet, incluidos medios de comunicación independientes, ONG y páginas web relacionadas con las herramientas de protección de la privacidad, por parte de proveedores de Internet estatales y privados.
Bachelet mencionó 34 casos de hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios en Venezuela.
Dijo que sigue preocupada por las restricciones al espacio cívico. “Mi equipo documentó 166 restricciones indebidas al espacio cívico. La desacreditación por medios institucionales continúa”, lamentó.
También le preocupa el uso de la Ley Antiterrorista y Delincuencia Organizada contra el trabajo de defensores de derechos humanos en Venezuela. “Estas prácticas deben cesar”, instó.
Igualmente, hizo un llamado a la administración de Nicolás Maduro a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente: “En especial quienes han cumplido condena o se les ha concedido boleta de excarcelación”.
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Algunos avances
Bachelet recordó que “han pasado tres años desde mi visita a Caracas. Quiero reconocer avances en la implementación de recomendaciones formuladas por mi oficina, como la reforma relacionada con la policía y la detención”.
En este sentido dijo: “Quiero alentar a las autoridades a que tomen más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo en el país. Llamo para que las iniciativas legislativas se acompañen de consultas genuinas”.
Asimismo, tomó “nota de la disolución de las FAES, de la PNB, en línea con mis recomendaciones anteriores. Esta restructuración es una oportunidad para instalar cambios adicionales y duraderos”.
Pero, dijo que su “oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores. Aun así, una muerte siempre es demasiado”, resaltó.
“También tomo nota de las condenas de miembros de las fuerzas de Defensa y Seguridad en siete casos de muertes en protestas que ocurrieron en 2017, y quiero alentar a que se haga más”, aseveró.
“En el caso del exconcejal Fernando Albán, dos agentes del Sebin fueron beneficiados con reducción de pena. Familiares de la víctima denunciaron que la investigación pasó por alto posibles signos de torturas”, manifestó.
La reforma del TSJ
La expresidenta de Chile también se refirió a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia.
“Sobre la reforma del TSJ, noto la preocupación respecto a la reelección de magistrados, que podría contradecir las limitaciones constitucionales sobre el período único de 12 años, así como de vínculos políticos”, dijo.
Considera que “es importante fortalecer la separación de Poderes. Exhorto a las autoridades aumentar el nombramiento de una proporción más amplia de jueces titulares mediante un proceso público y transparente”.
