Mercedes de Freitas, directora de la ONG sostiene que los 3.000 millones de dólares del fondo no son suficientes para todas las necesidades de los venezolanos, pero algo es algo
Para la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, la ciudadanía debe estar “muy pendiente” del destino de los recursos que se desbloquearán, en el marco del Acuerdo Social firmado entre el oficialismo y la oposición en México.
En entrevista con Radio Fe y Alegría, De Freitas alertó, además, que los venezolanos tienen “derecho a acceder a la mayor información posible acerca de lo que se haga con el fondo”.
Pero, aclaró que esos 3.000 millones de dólares no son suficientes para resolver los problemas derivados de fallas en los servicios de salud y electricidad, por ejemplo.
“No es ni de lejos suficiente. Esa cifra, que puede llegar a ser de 3 mil millones de dólares, va a poder atender una minúscula parte de las necesidades que hay en el país. Sin embargo, es una ayuda y tenemos que estar conscientes de que, como no hay dinero para todo, hay que invertirlo de la mejor manera”, recomendó.
Lamentó que sean demasiados problemas que atender, como que “muchas personas necesitan alimentos para pasar el día, a lo que se agregan las múltiples carencias como la recuperación de los hospitales y del sistema eléctrico”.
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Transparencia y confianza
De Freitas señaló que aun cuando el fondo será gerenciado por las Naciones Unidas, que cuenta con “procesos más confiables que los que hay en el país”, y será vigilado internacionalmente para usarlos de forma efectiva, se necesita transparencia.
Por lo tanto, desde Transparencia Venezuela proponen que se publique cada paso que tenga que ver con el fondo, que haya un mecanismo de contraloría social a través del cual ciudadanos puedan hacer seguimiento; también un mecanismo donde puedan presentar observaciones, comentarios y denuncias que se le den respuesta.
“Los fondos son de los venezolanos y tenemos el derecho de acceder a la mayor información de lo que se haga con ellos”, expresó.
No obstante, consideró que es una oportunidad para que muchos puedan mejorar un poco su calidad de vida y recordó que es un proceso que tardará alrededor de tres años, comenzando a ejecutarse a partir del próximo año.
Manifestó que deben consultar a expertos en el tema eléctrico, que son quienes saben en qué áreas es primordial invertir primero para alcanzar cambios sustanciales y tienen información global.
“Hay que hacer un ejercicio colectivo de composición y atención a los grupos más vulnerables”, dijo, mencionando a Zulia y a los Andes como los que más sufren por el deterioro del sistema eléctrico.
