En un comunicado, la cancillería de Maduro asevera que la CEDEAO es “una autoridad supranacional”, por lo que Cabo verde debería acatar el fallo que favorece a Alex Saab
El régimen de Nicolás Maduro expresó este viernes “preocupación” por la actitud de Cabo Verde sobre la situación de Alex Saab. A través de un comunicado de la cancillería, pide que se aplique la medida de arresto domiciliario otorgada por el Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
Se refiere a las “medidas que atañen a la salud al concederse al Enviado Especial del Gobierno venezolano acceso inmediato y sin restricciones a su familia, a los informes médicos y a un acceso legal y consular completo”.
El escrito dice que “resulta extraña la actitud de Cabo Verde ante la decisión de la CEDEAO”. Por ello insta a este país a atender el compromiso político del derecho internacional”.
“El Tribunal de la CEDEAO tiene la fuerza legal para juzgar sobre cuestiones de derechos humanos que surjan en sus Estados miembros”, dice el documento.
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A continuación el comunicado íntegro:
La República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación por el comportamiento de la República de Cabo Verde en reacción a la orden del Tribunal Comunitario de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) del 2 de diciembre de 2020, en la cual dictaminó que Cabo Verde debe cumplir inmediatamente una serie de medidas que atañen a la salud del ciudadano venezolano Alex Saab, agregando ese Honorable Tribunal que debe concederse al Enviado Especial del Gobierno venezolano acceso inmediato y sin restricciones a su familia, a los informes médicos y a un acceso legal y consular completo.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela asume que Cabo Verde respeta sus compromisos internacionales y que es un bastión de la democracia en África Occidental. De hecho, el 11 de diciembre de 2018, ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, el Presidente de Cabo Verde, S.E. Jorge Carlos Fonseca, declaró públicamente que: “Cabo Verde es una democracia y un estado basado en el Estado de Derecho, …siempre con justicia, respeta… el derecho internacional y… por lo tanto apoyamos a los Tribunales…”.
Por ello, resulta extraña la actitud de Cabo Verde ante la decisión de la CEDEAO, la que entendemos constituye para Cabo Verde un compromiso político del derecho internacional. Ésto es especialmente lamentable al haberse celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos, que, cada 10 de diciembre, emerge como oportunidad para reflexionar sobre la importancia fundamental de los derechos humanos y del Estado de Derecho.
Es sabido que la CEDEAO es una autoridad supranacional creada por los Estados miembros a la que éstos cedieron expresamente algunos de sus poderes soberanos para actuar en su interés común. El Tribunal de la CEDEAO tiene la fuerza legal para juzgar sobre cuestiones de derechos humanos que surjan en sus Estados miembros.
En sus interacciones con la CEDEAO y el Tribunal a lo largo de los años, Cabo Verde ha aceptado ser miembro de pleno derecho del Tribunal, las normas que rigen el Tribunal y las obligaciones que se derivan de dicha pertenencia, y ha actuado como miembro pleno y activo de la Comunidad y el Tribunal de la CEDEAO.
Igualmente, a lo largo de los años, ha incorporado a sus ciudadanos al panel de jueces del Tribunal de la CEDEAO, incluido a uno de los miembros de su panel, la Honorable Jueza Januária Tavares Silva Moreira Costa, que dictó el fallo unánime del 2 de diciembre de 2020. Una resolución que deja claro que el Tribunal es competente para examinar el caso, y que el Enviado Especial debe ser puesto en arresto domiciliario permanente.
Por ello, en el espíritu de las relaciones cordiales que han marcado históricamente la relación entre nuestros pueblos, esperamos que Cabo Verde de cumplimiento a la decisión del Tribunal de la CEDEAO del 2 de diciembre de 2020, manteniéndose a la vanguardia de la protección de los derechos humanos en la región, un compromiso que ha hecho del país, hasta ahora, un faro de liderazgo y progreso para todos los sujetos bajo su jurisdicción.
Caracas, 11 de diciembre de 2020
