El Arco Minero además de estar invadido de grupos irregulares, la explotación indiscriminada del oro ha destruido el ambiente, contaminado las aguas y desplazado a comunidades indígenas, graves consecuencias que recoge el informe de la Asamblea Mundial por la Amazonía
Un informe realizado por la Asamblea Mundial por la Amazonía titulado “Situación de la Amazonía Venezolana en Tiempos de Pandemia”, asegura que entre los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar hay 1.781 puntos de minería ilegal cercanos a cuencas de ríos que están contaminando el agua, destruyendo la fauna y el ecosistema.
En un reportaje realizado por el Correo del Caroní, aseguran que esta destrucción nació con el Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016 por el régimen de Nicolás Maduro que prometían, entre otras cosas, “la explotación racional del mineral, mediante el uso de prácticas y tecnologías amigables con el ambiente sin el uso de mercurio”.
Nada se cumplió y desde hace cuatro años el Arco Minero, representa “un área de alta contaminación, destrucción ambiental y que ha servido de combustión para la violencia en el sur del estado Bolívar, protagonizada principalmente por grupos armados amparados por las Fuerzas Armadas”.
Según el informe, “del total de 1.781 centros de explotación minera, el estado más afectado es Bolívar donde hay un aproximado de 1.684 puntos de minería ilegal”, donde las cuencas afectadas son de “los ríos Caroní, Caura, Cuyuní y Cuchivero”.
Además, señala que el río Caroní es el más explotado de todos. Este junto con el río La Paragua, son los principales afluentes del embalse del Guri, el cual abastece de electricidad a gran parte del país. Sin embargo, el documento detalla textualmente que “se han georreferenciado 1.149 puntos de minería ilegal, perjudicando áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Canaima, Zona Protector sur del estado Bolívar y la Reserva Forestal La Paragua”.
Pueblos indígenas
Las poblaciones indígenas también están afectadas por la minería ilegal sobre todo del estado Delta Amacuro, en la desembocadura del río Orinoco, donde viven los indígenas waraos.
Señalan que la contaminación de las aguas y peces por mercurio se termina acumulando en el cuerpo de estos miembros de la comunidad, lo que puede generar el deterioro en diferentes órganos y alterando múltiples funciones, incluidas las neurológicas.
El documento también reafirma lo denunciado en múltiples ocasiones por distintas ONG del país y lo expuesto por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, en referencia a la ola de violencia que afecta la seguridad de poblaciones indígenas.
“La minería, en todas sus expresiones, representa una invasión territorial para los pueblos indígenas, que conlleva formas de trabajo forzado, despojo de sus territorios, fragmentación de sus modos de vida, transculturación, tráfico de mujeres para redes de prostitución o reclutamiento de indígenas para integrar grupos irregulares armados”, expresa textualmente la Asamblea Mundial por la Amazonia.
