Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región, mientras, los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados
El contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales “amparadas por funcionarios corruptos”. La denuncia la hizo la ONG Transparencia Venezuela (TV)
“La red de corrupción es capaz de generar anualmente alrededor de 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas, 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible y cerca de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos”, dijo TV, en un comunicado publicado este domingo.
En el informe difundido por la ONG, se concluye que “Venezuela se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado de la región”.
Y esto pasa “mientras, los derechos humanos de los ciudadanos son vulnerados a fin de garantizar el beneficio económico de las estructuras corruptas, su permanencia en el tiempo y la impunidad de sus actos”.
El oro
Transparencia Venezuela hace énfasis en los daños a la nación como consecuencia del contrabando de oro.
La extracción de oro, que se lleva a cabo principalmente en el sur del país y “de formal ilegal”, produjo en 2021 unos 2.385 millones de dólares, de los cuales solo 25 % ingresaron a las arcas del Estado.
“Esto significa que 75 % del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializó por canales irregulares”, subraya Transparencia.
La ONG llegó a recabar estos datos, tras una investigación de 10 meses. Estima, de acuerdo a estas observaciones, que el volumen de las operaciones ilegales es equivalente a 21 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
¿Por qué?
La organización explica también que la crisis económica de los últimos años, en medio de la cual los salarios de los funcionarios cayeron por debajo de 50 dólares mensuales, sirvió como caldo de cultivo para que estos trabajadores públicos optaran por “ampliar su participación en las actividades económicas ilegales”.
Además, Transparencia Venezuela advierte que el Gobierno de Nicolás Maduro está usando figuras lícitas para obtener recursos de “manera irregular” y mantener su operatividad.
Uno de los principales hallazgos del estudio es “la confirmación de la existencia de organizaciones que han logrado tejer redes nacionales e internacionales, con participación de grupos criminales y de funcionarios corruptos que apoyan o promueven estas acciones”.
A la par, “aumentan la brecha de desigualdad, la migración y el deterioro de la calidad de vida de 90% de la población que no tiene acceso a servicios básicos de calidad”.
La investigación destaca que, “ante la asfixia económica causada por la destrucción de la industria petrolera, la crisis económica, la desaparición del subsidio cambiario, la falta de inversión y las sanciones internacionales, funcionarios y efectivos corruptos han optado por ampliar su participación en las actividades económicas ilegales que se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional”.
Asegura que el traspaso, “bajo condiciones de opacidad”, de empresas públicas o activos estatales a privados durante 2020 y 2021, “generaron grandes pérdidas para el país” por encima de los 148,2 millones de dólares.
