La organización repudió la estigmatización a la que somete a los migrantes venezolanos al asociarlos con la pandemia de coronavirus
La ONG Amnistía Internacional, rechazó este miércoles que las autoridades de Trinidad y Tobago hayan expulsado a más de 160 venezolanos en las últimas semanas, con un discurso xenófobo.
“Amnistía Internacional comprende que la COVID-19 plantea a los gobiernos un grave desafío, y que en este contexto los gobiernos pueden regular sus fronteras. Pero las autoridades de Trinidad y Tobago están promoviendo un discurso xenófobo”, afirma la ONG.
Denuncia que ese discurso “asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus de la COVID-19 de una manera que entraña el peligro de crear una mayor estigmatización. Además de la discriminación contra gente que necesita protección internacional”, señala un comunicado.
Lea también: Repatriados 161 venezolanos que estaban en Trinidad y Tobago
Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, dijo: “No es ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago criminalizan la entrada irregular en el país. Esto es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos”.
El comunicado de la organización señaló además que durante julio los medios de comunicación informaron repetidamente la detención y puesta en cuarentena de venezolanos en ese país.
Agregó que “en lugar de utilizar la ley para castigar a personas obligadas a dejar todo atrás, las autoridades deben trabajar con ONG, agencias de la ONU y las decenas de miles de personas venezolanas que han hecho de Trinidad y Tobago su hogar en los últimos años para encontrar soluciones que cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por esa nación”.
