Rodrigo Cabezas y Juan Raffalli coinciden en que el régimen enfrentará serios problemas al aplicar la Ley Antibloqueo, porque para firmar acuerdos o hacer negocios, fuera de Venezuela, no tendrá validez
La Ley Antibloqueo sancionada por la ilegítima ANC nació viciada. Por lo tanto, las actuaciones del régimen, bajo su amparo, no será reconocidas. Tampoco tendrán validez alguna.
Rodrigo Cabezas, exdiputado y el abogado constitucionalista, Juan Raffalli hicieron la afirmación. Ambos participaron en un foro organizado por la comisión de Finanzas de la AN.
“Este acto normativo (Ley Antibloqueo), por ponerle un nombre, es absolutamente nulo de toda nulidad, de acuerdo a la Constitución. Es el resultado de la usurpación de funciones a la Asamblea Nacional”, dijo Raffalli.
Explicó que si el régimen pretende hacer algún negocio o firmar algún acuerdo, teniendo como base esta norma, enfrenta riesgos: “Quienes vayan a invertir en esto, soportar alguna inversión de capital en esta ley absurda, se van a enfrentar al final a problemas legales desde el punto de vista del desconocimiento”, dijo.
Aseveró que la ley tiene varios problemas que deberá enfrentar: “la legalidad, el tema jurídico y la opacidad. El secretismo y la ausencia de controles, incluso la impunidad”, agregó.
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Para raspar la olla
Por su parte, Rodrigo Cabezas, coincidió con el abogado Raffalli, porque la normativa “proviene de una autoridad usurpada e ilegal”.
Dijo que con ella “se vulneran, atropellan y suspenden no menos de 9 articulados de la Constitución. Usurpan facultades constitucionales de la AN, sobre todo en el artículo 187. Es decir las funciones de control. Esta supuesta ley no pondrá tener ninguna validez jurídica para la República”.
“En cuanto a lo económico, no va a resolver los cuatro desequilibrios que laceran la vida de los venezolanos”, añadió.
Cabezas explicó que “no va a detener la recesión que para el año 2021 ya está proyectada en 25%. Tampoco va a detener la hiperinflación. Así como no se va a detener el deterioro operacional y financiero de la industria petrolera. No va a detener el hambre y la desnutrición”.
Para el economista, el centro de la ley es “la enajenación de empresas púbicas y mixtas. Particularmente quieran, quizás, vender puertos, aeropuertos y minas. En el negocio petrolero quieren hacer las modificaciones arbitrarias y secretas de las empresas mixtas”.
“Esta es una oligarquía corrupta que quiere tener un espacio legal para raspar la olla” concluyó.
