El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió a la CPI investigar. De la misma forma lo hizo con la Misión de Determinación de Hechos de la ONU
Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles en el estado Apure. Además, agrega señalamientos por detenciones arbitrarias y de torturas. La ONG calificó de “abusos aberrantes” los cometidos contra la población de la entidad.
La organización se refiere a la ofensiva lanzada en marzo por la administración de Maduro contra grupos irregulares en ese estado. Pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
En un informe, HRW aseguró que el operativo “derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos. Además de detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados”.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados. Son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares. Aunque oficialmente no los identificaron la ONG Fundaredes dijo que son disidentes de las FARC.
El conflicto se extendió por casi tres semanas. Provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, recordó Efe.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve “terroristas” fallecidos. Además de cuarenta detenidos.
HRW alega en su informe que muchos de los detenidos “no eran miembros de grupos armados”, sino de la población local.
La ONG entrevistó a 38 personas que huyeron de Apure. Además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.
Lea también: CNP: denuncia «atentado a libertad de prensa» tras incendio en su sede del estado Sucre
Los responsables
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB. Igualmente implicaron a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al CONAS.
Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia. Las FAES se llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.
“Encontraron los cuerpos a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos. Las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas”, señala el texto.
Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío. Al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros. Eran “campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años”.
En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos “ingresaron por la fuerza en varias viviendas”. No tenían orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.
“Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos”, señala el informe.
Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que “estuvieron retenidos en instalaciones militares”; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de “efectos personales, comida y enseres del hogar”.
