Para el economista Víctor Álvarez, las sanciones solo han producido pérdidas al país y divisiones en la oposición
Dentro de poco están por cumplirse 5 años de las primeras sanciones aplicadas contra Venezuela, por parte de Estados Unidos. Las mismas han dividido a empresarios y sectores opositores. Unos piden que se levanten y otros que se mantengan.
Pero ¿Qué ha cambiado en el país? Su principal propósito era sacar a Nicolás Maduro del poder. No obstante, él sigue “atornillado” y la situación económica del país no ha cambiado, salvo por algunas excepciones.
La polarización sobre este tema es tal que, recientemente, dos grupos de venezolanos enviaron sendas cartas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Unos pedían levantar las sanciones y los otros, todo lo contrario.
La carta de los 25 pedía a Biden que continuara con “negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”. Las mismas “enfocadas al levantamiento de las sanciones, que no lograron su objetivo de sacar del poder a Nicolás Maduro”.
La respuesta la dieron otros 68, quienes criticaron a los primeros y pidieron “reforzar las sanciones para evitar que se perpetúe la tiranía”.
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Peor el remedio que…
En entrevista con la agencia Efe, el economista Víctor Álvarez explicó que las sanciones aplicadas desde 2017 han hecho “un tremendo daño a la economía y a la sociedad”. Esto, por sus efectos no solo a las empresas públicas, sino también a las compañías privadas y organizaciones humanitarias.
“A las empresas privadas les han cerrado cuentas en EE.UU., en los bancos y en el sistema financiero de los EE.UU., han perdido líneas de crédito. Los proveedores, que les vendían materias primas, insumos, repuestos, maquinarias (y) equipos, sencillamente no quieren tener negocios con Venezuela”, detalló Álvarez.
Señaló que la “crisis de los servicios” se ha agravado debido a que las empresas públicas de electricidad, agua, gas y de telecomunicaciones también perdieron a sus proveedores.
En su opinión, sería “absurdo” argumentar que las condiciones socioeconómicas han mejorado gracias a unas medidas que fueron aplicadas con el objetivo de “ahogar financieramente al régimen y golpear la economía y la sociedad para que el descontento conduzca a un estallido social que tumbe al Gobierno”.
Cinco años después de la imposición de las primeras sanciones -explicó- estas aún “no han cumplido el objetivo” de “derrocar” a Maduro, quien “está más atornillado que nunca”, mientras la oposición “luce muy dividida y debilitada”.
Las sanciones, consideró, también han dado al Gobierno el “pretexto perfecto para construir toda una narrativa de resistencia épica antiimperialista”.
Argumentos a favor
Por otro lado, el economista Omar Zambrano, contrario a Álvarez, consideró que existe “una coincidencia temporal entre la vigencia de las sanciones sectoriales y el renacimiento de la actividad económica venezolana, que venía arrastrando casi ocho años de recesión”.
Zambrano dijo a Efe que Venezuela ha visto mejorar, en los últimos tres años, el nivel de su actividad económica, produciendo “unos niveles mayores de bienestar”, pese a las medidas coercitivas.
Indicó que los ingresos per cápita en dólares desde 2020 se “han recuperado más del 100 %” y que, a partir de 2017, han crecido “los niveles de importación de medicinas y alimentos por la recuperación del sector privado”.
“Pasó lo peor de la crisis, y la economía, los sectores y los indicadores socioeconómicos de Venezuela empiezan a recuperarse en un ambiente donde hay sanciones (…) la crisis se formó sin sanciones y con sanciones estamos saliendo de la crisis”, aseguró.
Las pérdidas, según Rodríguez
El pasado 25 de abril, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que las “más de 502 medidas coercitivas” han violado “masivamente los DD.HH. del pueblo”, aunque la mayoría no afectan a la economía pública, sino que pesan sobre los bienes personales de funcionarios y miembros del chavismo, o sobre su capacidad de movilización.
La funcionaria, quien no aclaró esa diferencia entre unas sanciones y otras, detalló que los ingresos del país pasaron de 52.609 millones de dólares en 2013 a “apenas” 743 millones en 2020, lo que significa una caída del 99 % en siete años.
No obstante, sí hubo pérdidas, ya que a consecuencia de las sanciones, la estatal petrolera Pdvsa se vio obligada a aplicar, según Álvarez, “enormes descuentos” en la venta del crudo que antes colocaba en países sancionadores que dejaron de comprar, como el caso de EE.UU.
Según la firma Ecoanalítica, Pdvsa perdió 4.000 millones de dólares en 2021 en descuentos para negociar su crudo.
Ante esta situación, Álvarez plantea la creación de fondos supervisados internacionalmente en los que se depositen los ingresos adicionales que reciba Venezuela tras un levantamiento de las sanciones, para garantizar que sean destinados a atender la “emergencia humanitaria”.
Sin embargo, para Zambrano, “el sector público tiene objetivos distintos a resolver los nudos de la crisis humanitaria”, lo que se evidenció, en su opinión, en la “venta del 49 % de la refinería de República Dominicana (Refidomsa), dinero que no necesariamente fue a satisfacer necesidades humanitarias”.
