Aunque la administración de Nicolás Maduro intentó detener la investigación de la CPI, el Fiscal, Karim Khan desechó la petición argumentando que Venezuela no ha resuelto los casos en estudio
Nulos fueron los intentos de la administración de Nicolás Maduro de hacerle creer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) lo que no era. Y es que, hace algunas semanas, trató de detener la investigación sobre Venezuela.
Dijo en un documento que estaba investigando y juzgando los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, al menos desde 2017.
No obstante, el despacho del Fiscal, Karim Khan, desechó la petición y expresó su deseo de continuar con las investigaciones. Pero, ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de la CPI para seguir con sus labores en el país?
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Lo que pide Khan
El pasado 20 de abril la Fiscalía le pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que “autorice la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto (de Roma).
Asimismo, le requirió que «solicite observaciones de las víctimas o sus representantes legales, así como de otros participantes interesados».
La solicitud de Khan se produce luego de que el 16 de abril venciera el lapso que les había dado a las autoridades venezolanas para que le informaran de las acciones que habían tomado a fin de castigar los crímenes constatados por su despacho, resalta una nota de la ONG, Acceso a la justicia.
Procesos estancados
Khan, en su escrito a la Sala de Cuestiones Preliminares, informó que las autoridades venezolanas atendieron su requerimiento. Le informaron que «a través del Ministerio Público y el Poder Judicial están investigando o han investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto de presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».
La respuesta a la Fiscalía de la CPI la dio el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González. En un informe fechado en Caracas, el 15 de abril aseguró que de los 124 casos sobre los cuales la Fiscalía pidió información, 116 se encuentran en fase preparatoria, cinco en juicio y solo tres han concluido con sentencias condenatorias.
Los datos que el canciller dio a Khan se pueden expresar de la siguiente manera: 93,5% de los casos están aún bajo investigación. Es decir, el Ministerio Público (MP) no ha terminado de individualizar a los posibles responsables de los hechos o de recabar las pruebas que permitan sustentar una acusación contra ellos.
Esto a pesar de que, si se refiere a los casos de 2017, han transcurrido aproximadamente cinco años desde que ocurrieron.
Si alude a los de 2014, son ocho años, cuando según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) vigente para el momento de los hechos, una investigación no debería durar más de dos años.
Los números confirman lo que las organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años. “La impunidad en Venezuela está institucionalizada y las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen casi nulas posibilidades de conseguir justicia”.
Plasencia informó que 30 funcionarios de varios organismos de seguridad y policiales han sido imputados, 27 acusados y 14 permanecen detenidos.
Al respecto, la ONG destaca que de los 124 casos sobre los que informó, apenas 14 funcionarios están privados de libertad.
Solicitud injustificada
La administración de Maduro admitió por medio de Plasencia que apenas 2,4% de los crímenes por los cuales la Fiscalía de la CPI le pidió información, han terminado con una condena, por lo tanto, consideró que está haciendo su tarea.
Por ello le solicitó a esa instancia (CPI) «abstenerse formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela».
Para justificar su petición, recordó que en los últimos meses las autoridades han impulsado una serie de reformas legales que han desencadenado el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También que se proscribió el procesamiento de los civiles por parte de los tribunales militares.
Sobre esto último dijo que «permitió la declinatoria hacia la jurisdicción ordinaria de 328 causas» y que «actualmente ningún civil está siendo procesado por la jurisdicción militar».
Pero, Acceso a la Justicia recordó que “la Sala Constitucional dejó abierta la posibilidad para que los civiles terminen ante los jueces castrenses, apenas tres meses después de que la AN electa en 2020 modificara el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) para proscribir el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares”.
Así, la pretendida reforma en la práctica quedó anulada por la decisión de la Sala Constitucional. En consecuencia, la petición para que la CPI dejara de investigar no procedió.
La CPI seguirá adelante ¿Por qué?
La petición venezolana ha sido desestimada por Khan, quien señaló que las autoridades venezolanas «no han proporcionado materiales adicionales» que le permitan concluir que ciertamente están investigando los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
En otras palabras, para el Fiscal de la CPI los fallos y las reformas legislativas e institucionales hasta ahora adelantados no han sido suficientes para considerar que Venezuela está haciendo justicia, reparando a las víctimas y tomando medidas para evitar que estos hechos se repitan.
Nada de promesas
En su escrito, Khan reiteró su disposición a «apoyar y participar activamente en cualquier esfuerzo interno para permitir que las autoridades venezolanas competentes lleven a cabo procesos pertinentes y genuinos en relación con los delitos» ocurridos en el país.
Sin embargo, también advirtió que él no adoptará ninguna decisión sobre Venezuela con base en promesas. «La evaluación de complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que puedan ocurrir en el futuro», indicó.
La CPI cumplirá con su mandato
Días después de su visita a Caracas, en una entrevista a un diario español, el jurista británico ya dejó en claro que su despacho cumplirá con el mandato que le fija el Estatuto de Roma.
Aseguró que va a investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, si la justicia local no lo hace, pero que si esto ocurre no actuará.
Khan declaró lo siguiente. «Yo he dicho que, si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro”.
“Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino”, agregó.
