Las ONG Provea y Laboratorio de Paz hicieron un balance acerca de las violaciones a los DD.HH. durante el Estado de Alarma decretado por Maduro, tras la llegada de la COVID-19 en Venezuela y determinaron que las detenciones arbitrarias siguen a la orden del día
Ha transcurrido poco más de un año desde la declaración el Estado de Alarma por parte de Nicolás Maduro, a causa de la pandemia. Durante este lapso, las ONG Provea y Laboratorio de Paz han venido monitoreando mes a mes las violaciones a los DD.HH, incluyendo las detenciones arbitrarias.
En un informe publicado este miércoles, las organizaciones indicaron que durante el período registraron 318 detenciones arbitrarias. Las mismas son contra voceros políticos o miembros de organizaciones partidistas. También contra “líderes de la sociedad civil a ciudadanos que han ejercido su derecho a la manifestación”.
Contra la prensa
En el caso de los periodistas, las ONG también han registradio violaciones a sus derechos. “Con la privación de libertad del comunicador Edwin Prieto aumenta a 68 la cantidad total de periodistas detenidos hasta febrero durante el Estado de Alarma”.
Para el sector de defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil se cuentan 27 detenciones. Mientras que en el gremio sindical se eleva a 35 la cifra total de detenciones en 12 meses.
Los perpetradores
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es el organismo de seguridad ciudadana con mayor cantidad de detenciones registradas.
Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las FAES.
“Cuando se realiza la desagregación de los datos totales por estado, tenemos que la mayor cantidad de privaciones arbitrarias de libertad ocurrieron en el Distrito Capital”, señala el documento. El estado Miranda está en segundo lugar y ambas suman 84 casos, representando 32.5% del total.
Al analizar por género, la totalidad de casos registrados entre marzo 2020 y febrero 2021, el informe indica que detuvieron a 61 mujeres.
Recomendaciones
Las ONG hicieron varias recomendaciones que se resumen así:
Garantizar el acceso de la población a la información sobre la dimensión y evolución de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela, por lo que las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalia contra profesionales de la salud, comunicadores sociales y quienes realizan manifestaciones o utilizan las redes sociales para brindar información, aler- tar a la población y exigir derechos en el contexto del estado de alarma.
Las autoridades deben acatar los protocolos internacionales de protección a los derechos humanos bajo la COVID-19, incluyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, promoviendo y no obstaculizando la participación de todos los sectores del país que puedan aportar en la mejor respuesta posible a la pandemia.
Las medidas de prevención y abordaje a la pandemia deben priorizar el conocimiento técnico y el manejo civil de la población, revirtiendo la militarización de la respuesta estatal venezolana a la COVID-19. Debe hacerse público el cronograma de las jornadas de vacunación, con criterios transparentes de los sectores priorizados.
Se debe realizar un abordaje diferenciado de la pandemia, respetando las particularidades tanto de los sectores priorizados, los sectores más vulnerables y no obstaculizando la actua- ción de los actores humanitarios nacionales e internacionales.
El Estado venezolano debe cumplir las diferentes recomendaciones emanadas de los informes de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
