Según una investigación de Cedice-Libertad, se trata de al menos 50 casos que se ventilan en tribunales de arbitraje internacionales
Las expropiaciones ordenadas durante los mandatos de Hugo Chávez le han costado, literalmente, una millonada a Venezuela. Este costo es de aproximadamente 30 millardos de dólares, por unos 50 casos de arbitrajes que se encuentran en tribunales internacionales.
La cifra está contenida en una investigación de la ONG, Cedice-Libertad, publicado a propósito de la reciente decisión del CIADI de ordenar al Estado venezolano a pagar 1.629 millones de dólares como indemnización, más los intereses y costos, por la expropiación de Agroisleña.
Se trata de la investigación: “Deuda externa venezolana por demandas arbitrales”, realizado por el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.
El escrito destaca que los montos de las deudas por arbitraje incluyen las cantidades condenadas a pagar en los laudos. A esto se suman las tarifas administrativas de los centros de arbitrajes y los honorarios de los miembros de los diferentes tribunales arbitrales. Unidos a los costos asociados al proceso (expertos, peritos y pruebas) y los honorarios de los abogados.
“Nosotros sumamos alrededor de 30 millardo de dólares y se incluye honorarios de abogados y demás, por lo que sí es más o menos el monto de la deuda, pero se tiene que ver en contexto. Y es que la deuda de la República es alrededor de un poco más de 160 millardos de dólares. De ellos, el cálculo es que por lo menos 30 millardos son de estas demandas arbitrales”, comentó el abogado Ramón Escovar, miembro del Cedice.
No obstante, destacó que “se puede decir que a la República le ha ido muy bien”. “Es decir, la condena y los montos condenados a pagar no llegan a más de 25% o 26% de lo demandado. Con números concretos, han demandado casi 80 millardos de dólares y hasta ahora lo condenado no llega a 20 millardos de dólares. Lo que quiere decir que le ha ido bien, si uno lo ve objetivamente y de manera totalmente apolítico”, afirmó.
Sostuvo que muchas de las demandas son por montos que no eran razonables. “La realidad es que las expropiaciones fueron injustificables, pero las condenas y acuerdos de pago no llegan a casi 30%. Las condenas han sido un porcentaje bastante pequeño de lo que han demandado los inversionistas o personas expropiadas”, señaló.
Asimismo, reiteró que la cantidad total son 30 millardos de dólares son solo de las inversiones de los protegidos por tratados. “Imaginemos cuánto será la cantidad de la repercusión económica de las expropiaciones realizadas a todos los demás”, comentó el abogado.
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Procesos detenidos
Escovar, dijo que “todas esas políticas (de expropiación) se han detenido. De hecho, lo que se está hablando ahorita es que se han devuelto algunas expropiaciones, por lo que objetivamente han cesado. La información que se tiene es que se está pensando de una manera de no compensar. Pero por lo menos devolver los bienes o empresas a la gente expropiada”, dijo.
Dijo que los casos del Sambil La Candelaria y de Agroisleña “fueron bastante emblemáticos”.
Afirmó que “ninguna de las expropiaciones que se hicieron tenían sentido. Además, la gran mayoría no se mantuvo produciendo después de la medida. Incluso se puede ver que no están operativas muchas empresas en esa situación. La expropiación del Sambil jamás debió ocurrir, así como tampoco la de otras empresas productivas”, insistió.
Descartó que la devolución empresas expropiadas sea a corto plazo. “Hay un tema político que hace más difícil que se haga a corto plazo. Sin embargo, capaz las más urgentes se hagan a corto plazo y luego el resto, así sean alianzas públicas-privadas”, dijo en el portal Hispanopost.
