Posiciones de estrés como crucifixiones, golpes fuertes, choques eléctricos en genitales, abuso sexual, son alguno de los 24 métodos de tortura que utiliza el régimen contra los presos políticos, según informe de la ONU
De los 233 casos analizados de presos políticos por la Misión Independiente de Determinación de la ONU, 17 casos son descritos los métodos de torturas y malos tratos en el informe que se presentó el pasado 16 de septiembre.
Según un reportaje de la Prensa de Lara, alguno de los mecanismos de torturas utilizadas por el régimen, van desde los golpes fuertes dejando marcas visibles hasta la asfixia con sustancias tóxicas y posiciones de estrés como crucifixiones.
“La tortura es una política que el Estado aplica dándole órdenes a los cuerpos de seguridad que actúan con odio y alevosía”, explicó Rafael Narváez, abogado y defensor de DD.HH.
Enfatiza Narváez que ni en gobiernos dictatoriales como los de Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez se habían registrado actos tan crueles contra detenidos.
Dos muertes de presos políticos
El informe destaca dos muertes ocurridas bajo la custodia de funcionarios de la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Sebin.
Los casos son la del exconcejal de Caracas, Fernando Albán el 8 de octubre de 2018, y del capitán Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019 y responsabiliza a la cadena de mando que encabeza Nicolás Maduro.
“Si nos referimos al caso del capitán Acosta Arévalo, prácticamente fue un homicidio cometido por el Estado, porque él llegó a la audiencia muerto en vida. Cuando la juez se dio cuenta y lo mandó al hospital, murió”, recordó Narváez.
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Acosta Arévalo, “tenía hematomas, costillas rotas, laceraciones, intentaron ocultar esa realidad, pero de la morgue mandaron la información de cómo estaba reventado por dentro”.
En el caso de Fernando Albán, “tanto el Ministro de Interior, Néstor Reverol como el Fiscal Tarek William Saab, se contradijeron al informar su muerte”.
Albán “fue detenido en Maiquetía y 10 días después informaron a la familia que estaba en el Sebin”.
“La pena para un funcionario que desaparezca a una persona es de 18 a 25 años, según el Código Penal Venezolano, y sin embargo el Poder Judicial hizo caso omiso”.
No prescribe
Por su parte, Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, informó que el gobierno de Maduro violó tratados internacionales sobre el tema de tortura como el Estatuto de Roma.
Esa es la razón por la cual el informe de la ONU califica a Venezuela como “una nación donde el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad”.
“Se activa la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), son crímenes que se caracterizan por la no prescripción”, aseguró Álvarez.
Explica que los funcionarios “no puedan oponer obediencia de vida, y los principales responsables son las cabezas políticas. Por eso la responsabilidad directa de Maduro y altos funcionarios militares y policiales”.
Las torturas que describe el informe
Según la ONU, el régimen utiliza “golpes fuertes dejando marcas visibles; huesos rotos y órganos dañados; esposas excesivamente apretadas; asfixia con sustancias tóxicas y en agua”.
Asimismo, “posiciones de estrés como crucifixiones; sometimiento a luz artificial las 24 horas del día; aislamientos en celdas con poca ventilación y ojos vendados”.
Además, “mutilaciones; choques eléctricos en genitales; violaciones sexuales, privación de alimentos, consumo de excremento obligado y amenazas de muerte”.
