lunes, marzo 8, 2021

104 millones de dólares: Juan Guaidó no rindió cuentas del Fondo para la liberación de Venezuela

«El Fondo fungió en realidad como un presupuesto de funcionamiento del gobierno encargado» de Juan Guaidó

Un total de 104 millones de dólares administró, Juan Guaidó a lo largo del año 2020. Lo hizo a cuenta de la presidencia encargada y de la Asamblea Nacional. Pero, hasta la actualidad el parlamentario electo por La Guaira no ha rendido cuentas públicas del uso y destino de esos recursos.

La información se conoció a través de un trabajo de investigación realizado por la periodista Maru Morales, publicado en los portales ParlamundiVenezuela y Crónica Uno.

Se trata del Fondo para la Liberación que contemplaba gasto social y de funcionamiento del «gobierno interino». Aún no se sabe cómo se gastó.

«El Fondo, que fungió en realidad como un presupuesto de funcionamiento del gobierno encargado, alcanzó la cifra de 80 millones de dólares», señala el trabajo. Se incluyen «14 millones de dólares para la operatividad mínima de la Asamblea Nacional».

Mientras, el trabajo señala que los recursos totales aprobados entre 2019 y 2020, primero para la “defensa judicial de Pdvsa” y que luego se convirtieron en el Fondo de Litigios, ascendieron a 24 millones.

La investigación recuerda que la denuncia de supuestos sobornos para la recuperación de activos y la contratación anómala de escritorios jurídicos no fueron sancionadas por la AN. Casos como los de Petropar, CRA y la Operación Gedeón volvieron a poner en entredicho la integridad de los funcionarios del gobierno encargado».

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Fondo de litigios

El primero octubre de 2019, la Asamblea Nacional autorizó a Pdvsa el uso del “dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por dos millones de dólares”. Lo hizo para el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos.

Mes y medio después, el 19 de noviembre, la plenaria aprobó el acuerdo de creación del Fondo Especial de Litigios. El mismo quedaría conformado por “los recursos disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de la República, el BCV, Pdvsa y demás entes descentralizados”.

Ese mismo acuerdo autorizó al BCV a utilizar 2 millones de dólares de sus propias cuentas en el exterior. Todo para la defensa de sus activos y reiteró a Pdvsa que los fondos que le había aprobado en octubre —de los cuales ya quedaban 1,5 millones y sin ofrecer explicación de cómo se gastó el otro medio millón— debían ser únicamente para la defensa de sus activos. El acuerdo ordenaba además crear una comisión técnica encargada de “garantizar el uso adecuado de los recursos del Fondo”.

Dos meses pasaron, llegó enero de 2020 y no solo la comisión técnica no había sido designada. Además, Guaidó pedía a la AN una nueva autorización, esta vez para ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares.

Primero Justicia, que presidía la comisión de Finanzas, a través de de Alfonzo Marquina, así como la fracción 16 de Julio, salvaron su voto.

En la sesión, Marquina pidió diferir el punto para “desarrollar mejor el proyecto, las funciones de la comisión y las funciones de control previo y posterior”. Pero el voto salvado PJ reclamaba que aún no se había designado la comisión técnica que verificaría el manejo de los recursos rescatados.

Argumentaba «que la AN no había designado todavía al contralor especial, pendiente desde junio de 2019″. También que a la fecha no se sabía cómo se habían manejado los 3,5 millones de dólares (en realidad 4 millones) autorizados entre octubre y noviembre».

El reclamo causó un nuevo roce con el procurador especial José Ignacio Hernández. Esto se sumaría al reclamo por la estrategia aplicada frente los tenedores del Bono 2020.

El funcionario puso el cargo a la orden aunque terminó ocupándolo hasta junio. En la primera sesión de febrero de 2020 se designó la comisión técnica del Fondo de Litigios. Mientras Hernández publicó por esos días su informe de gestión de 2019.

Allí reveló que había contratado bajo la modalidad de pro-bono a por lo menos ocho escritorios de abogados. Además de un asesor jurídico para la defensa de los activos venezolanos, además de “nuevas firmas para casos complejos”.

Sin presupuesto

La investigación destaca que un informe que la comisión de Finanzas, ahora presidida por Carlos Paparoni (PJ), presentó hace un par de semanas  determinó que esas contrataciones de Hernández se hicieron sin tener un presupuesto asignado para ello. también las hizo sin autorización del Parlamento, contrariando el Estatuto para la Transición.

¿Se conoce la administración detallada del Fondo de Litigios? ¿Hay alguna persona sancionada por la contratación abogados “sin disponibilidad presupuestaria y sin verificación de los requisitos jurídicos para ello” tal como lo señala el informe de la comisión de Finanzas? No y no. 

Hasta el momento no se ha presentado cuenta pública del Fondo de Litigios. Ni sus resultados operativos (juicios ganados/perdidos, activos recuperados/no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuales escritorios jurídicos a lo largo de 2020.

Llama la atención que en su informe, la comisión de Finanzas no concluya la existencia de responsabilidad política del procurador especial. El informe ni siquiera insta a la Contraloría Especial a iniciar una investigación administrativa, sino que resuelve el entuerto recomendando ampliar el Fondo de Litigios.

Los recursos del fondo

El 28 de febrero de 2020 el Parlamento le dio a Juan Guaidó el marco legal necesario para que el gobierno interino manejara recursos del Estado. Pero no lo llamó “presupuesto del gobierno encargado” sino Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.

El 15 de abril siguiente se dividió el Fondo en siete partidas que se ampliarían a 10 en agosto cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizara una nueva licencia para gastos específicos que no estaban previstos en el proyecto inicial. Entre ellos el bono Héroes de la Salud y uno de nominado “deudas del Poder Legislativo”, es decir, los salarios de los diputados que no cobraban desde 2016.

El 17 de septiembre de 2020 la comisión de Finanzas presentó la nueva estructura del Fondo para la Liberación de Venezuela.

Los gastos son estos:

$45,8 millones para programas sociales.

$14 millones para Asamblea Nacional.

$476.850 para Contraloría Especial.

$1,2 millones para Magistrados en el exilio.

$7,6 para Asuntos Exteriores.

$4,5 para Comunicaciones.

$1,7 para Presidencia, procuraduría, junta directiva y comisión delegada.

$65.000 para el BCV.

$3,7 millones para Consejo de Administración del Gasto.

$823.650 para rectificaciones presupuestarias.

Gasto social sin detalles

La partida de gasto social incluyó los recursos ya entregados para ese momento a la OPS ($10 millones) y Cruz Roja ($4 millones); el programa Héroes de la Salud ($18,8 millones) que se terminaría implementando entre septiembre y noviembre de ese año; y $ 4,5 millones para atención de casos de riesgo vital, además de una categoría llamada “campaña elecciones presidenciales libres” que recibió $8,4 millones de dólares.

¿Qué sabe de la ejecución de estos gastos? Poco o nada. Por ejemplo, la comisión de la AN encargada del programa Héroes de la Salud, integrada por los diputados Manuela Bolívar (VP), Juan Velazco (AD) y Marco Bozo (PJ) no informó cuántos de los 62.000 venezolanos seleccionados para recibir 100 dólares mensuales por tres meses, recibieron la transferencia.

De hecho, el 24 de septiembre de 2020 Guaidó dijo que para ese momento 45.000 profesionales de la salud habían recibido el aporte y que otros 7000 beneficiarios no habían podido registrarse en la billetera digital.

Pero no aclaró en qué situación estaban los otros 10.000 aspirantes. No hubo un balance de cierre del programa para informar de manera oficial y detallada si todos y cada uno de los 62.000 registrados recibieron el aporte. O de no ser así, cuánto dinero sobró y cuál fue su destino. En noviembre, Bolívar participó en un foro donde habló en términos generales del programa.

Tampoco ha habido ninguna información pública sobre el número de beneficiarios por el proyecto de atención de casos de salud de riesgo vital Madre María de San José, para el cual se contaba con 4,5 millones de dólares, ni se ha informado cuánto de ese monto se ejecutó.

Sobre la categoría de “campaña elecciones presidenciales libres” no hay información. Se podría suponer que fueron recursos utilizados para la consulta popular del 12-D. Sin embargo, no es posible afirmarlo porque a pesar de la insistencia de la prensa, ni Guaidó ni el comité organizador de la consulta accedió nunca a explicar el costo y financiamiento de ese proceso.

El comisionado presidencial para la ayuda humanitaria y representante ante la ONU, Miguel Pizarro, ofreció varias ruedas de prensa para informar el avance de los acuerdos con la OPS y la Cruz Roja, aunque insistió en que los fondos no eran distribuidos por su oficina sino por las dos organizaciones internacionales.

Órganos adscritos a la presidencia interina

De la ejecución presupuestaria de los órganos del gobierno interino tampoco se ha rendido cuenta. No se sabe en qué ha usado sus recursos la Contraloría Especial, que a estas alturas, por ejemplo, no tiene ni siquiera una página web o una cuenta Twitter por dónde conocer sus actuaciones. Los magistrados en exilio tampoco han presentado una memoria y cuenta de sus actividades, de cuándo recibieron los recursos ni de qué manera los emplearon.

El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, que coordina el trabajo de poco más de 40 representantes diplomáticos no ha informado todavía cómo ejecutó los 7,6 millones de dólares que le fueron asignados el año pasado.

Tampoco la Procuraduría Especial, en manos del profesor de derecho constitucional de la UCV, Enrique Sánchez Falcón, desde junio del año pasado ha publicado su memoria y cuenta.

Otros entes como las juntas ad hoc del BCV, Pdvsa, Citgo, CVG, Pequiven, PDV Holding, Monómeros no han presentado públicamente los informes de su gestión correspondiente a 2020, más allá de las comparecencias que tuvieron a mediados del año pasado ante la AN. Y como se mencionó en la primera entrega de esta serie, el propio Guaidó no ha rendido Memoria y Cuenta ni en 2019 ni en 2020.

No da el ejemplo

El Fondo para la Liberación le asignó a la Asamblea Nacional 14 millones de dólares. Dentro de ese monto se cuentan $1.182.430 autorizados por el Departamento de Estado de EE. UU. «para deudas del Poder Legislativo incluyendo salarios de 2016 y 2017 de 192 diputados principales y suplentes».

Pero Juan Guaidó, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, ni la comisión de Finanzas como principal órgano de control de esos recursos, han informado sobre la ejecución de ese monto ni sobre la compensación salarial a los parlamentarios. Por ejemplo, no quedó claro para la opinión pública si dentro de los 14 millones de dólares se dispondría una parte para deudas con los trabajadores de la AN, o si se destinaría al alquiler de locales para su funcionamiento (ya que el PSUV y la GNB bloquearon definitivamente el acceso a la oposición desde enero de 2020), o si parte de ese dinero se usaría para sufragar los traslados de los diputados dentro de Venezuela.

El 21 de agosto, al día siguiente de la licencia americana, Guaidó solo dijo que cada diputado principal recibiría $200 dólares mensuales desde 2016 hasta 2017 y cada suplente, $160 por el mismo lapso. No se sabe en qué fecha se hicieron los pagos, quiénes son los diputados principales y suplentes que entraron en la lista, o al menos cuántos principales y cuántos suplentes recibirían el pago. No se sabe si se benefició por igual a los que estaban en el exilio y dentro del país, o si las familias de los fallecidos (caso de Hernán Alemán que murió en julio de 2020) podrían recibir la compensación en su nombre. O en caso de no ser así, a dónde iría a parar ese monto.

Ni siquiera se puede calcular con precisión lo que recibiría cada diputado, porque, como se sabe, ellos cobraron su sueldo de manera normal entre enero y julio de 2016, pero el anuncio era que la compensación cubriría 2016 y 2017: ¿cubriría los 12 meses de 2016 o solo 6 meses de ese año? No se aclaró.

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